Un vistazo al sector eléctrico en RD 1ra parte

Justamente hoy, jueves 21 de abril sale en el periódico la asociación dominicana de industrias eléctricas desmintiendo la declaración de la CDEEE de que el problema de los apagones venia por presiones políticas de los generadores para la renovación de contratos millonarios, puesto que tanto el acuerdo de Madrid como otros contratos millonarios de generación de energía vencen dentro de poco tiempo, así que no seria algo tan ilógico pensar el planteamiento al que se refiere el VP de la CDEEE. pero esto ya es la actualidad y para poder por lo menos entender un poco este problema que nos aqueja a los dominicanos desde hace años debemos de ver el sector desde unos años atrás.

Antes de la reforma de los 90, el sector energético dominicano se encontraba en manos de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), propiedad del estado y verticalmente integrada. Las operaciones de la empresa se caracterizaron por grandes pérdidas de energía, bajo cobro de boletas y funcionamiento y mantenimiento deficientes.(algo que no ha cambiado mucho), Durante los 90, el rápido crecimiento del sector energético reflejó en el gran crecimiento económico que experimentó el país. La demanda total de electricidad se elevó a una tasa anual del 7,5% en el período 1992-2001, mientras que el crecimiento del PIB fue del 5,9%. La capacidad de generación no era suficiente para cubrir la demanda en los picos, lo que derivó en constantes restricciones del suministro y apagones masivos de hasta 20 horas. A mediados de los 90, para solucionar la escasez en la capacidad de generación, el gobierno animó a varios productores de energía independientes a firmar contratos de compra de energía con la CDE. Estos contratos, a menudo interesados y poco transparentes, dieron lugar a unos altos precios para la electricidad. En el período 1998-1999, bajo el primer gobierno de Leonel Fernández, el sector se desagregó y el monopolio público verticalmente integrado de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) fue disuelto en una serie de compañías de generación. Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina) y EGE Itabo, que operaban las plantas térmicas, fueron privatizadas; también se crearon y privatizaron tres compañías de distribución: EdeNorte (Empresa Distribuidora de Electricidad), EdeSur y EdeEste.

No se promulgó un marco regulador integral hasta julio de 2001, cuando se aprobó la Ley de Electricidad (ley nº 125-01) bajo el gobierno de Hipólito Mejía. Bajo esta ley, la presencia operativa del gobierno en el sector se haría a través de tres entidades: la corporación de servicios públicos antiguamente integrada CDE, que mantuvo los contratos con los productores de energía independientes (IPP), una empresa de transmisión, Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), y una empresa de generación hidroeléctrica, Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).

Se estableció un nuevo conglomerado de empresas, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas (CDEE), para que asumiera la propiedad de ETED y EGEHID, y para que finalmente sustituyera a la CDE. Inicialmente, el gobierno pensó en transferir sus activos para administrar las empresas como una inversión bajo un fondo en fideicomiso independiente de las entidades reguladoras del sector, en lugar de usar su titularidad como instrumento potencial para las políticas del sector. Sin embargo, este cambio no se realizó. La Ley de 2001 y sus normas complementarias de 2002 incluyeron la creación de una agencia reguladora autónoma, la Superintendencia de Electricidad (SIE). También se creó la Comisión Nacional de Energía (CNE) y un mercado mayorista bajo la responsabilidad de un Organismo Coordinador. 

La reforma favoreció la instalación de nuevas plantas generadoras, construidas y financiadas por el sector privado, y la inversión en distribución a cargo de las empresas privatizadas. Gracias a las nuevas inversiones, entre fines de 2000 y mediados de 2003, la capacidad efectiva experimentó un aumento del 43%; también se registraron mejoras en la red de distribución. Esto condujo a la reducción provisional de los apagones y las pérdidas en distribución, y a un incremento en la eficacia operativa; una combinación que se tradujo en mejoras en la calidad del servicio. El suministro de energía no atendido disminuyó al 11% de la demanda potencial en 2002, por debajo del 40% de 1991. En el mismo período, se estima que el déficit de capacidad para afrontar abiertamente la demanda cayó del 30% al 16%. Sin embargo, el aumento en el precio del petróleo, la aparición de subsidios generalizados y las interferencias políticas afectaron negativamente a la salud financiera del sector. En 2003, estas condiciones desfavorables y una fuerte presión política llevaron al gobierno a volver a adquirir las acciones de Unión Fenosa en las empresas de distribución privatizadas EdeNorte y EdeSur. Desde su renacionalización, estas empresas han experimentado un deterioro en su eficacia operativa.

El Programa de Reducción de Apagones (PRA) fue establecido por el gobierno en 2001. Inicialmente diseñado para que durara dos años, se ha ido ampliando para suplir la ausencia de una alternativa para resolver los temas tratados por este programa. Este programa tiene como objetivo la asignación de subsidios a los pobres según la distribución geográfica y la realización de apagones rotativos de forma más organizada. Los barrios más pobres de las ciudades tendrían un suministro de electricidad de aproximadamente 20 horas por día a un precio altamente subsidiado por el gobierno y por la empresa de servicios públicos. Al principio, el PRA fue considerado un éxito. Sin embargo, la crisis macroeconómica del país, los incentivos perversos que incorpora el PRA y la deficiente asignación del esquema de subsidios han puesto en riesgo la continuidad del programa a mediano plazo. La ausencia de una administración de la demanda, la falta de sistemas de medición del consumo. las pérdidas constantes, una cultura de impago y la ausencia de incentivos para que las empresas de distribución solucionen los problemas técnicos hacen que sea urgente diseñar un nuevo sistema de subsidios y racionamiento como parte de un enfoque más amplio para solucionar los problemas del sector energético.

El sector eléctrico ha permanecido en una crisis sostenida desde 2002, caracterizada por pérdidas muy elevadas (tanto técnicas como comerciales) y apagones frecuentes de larga duración. Esta situación derivó en costos económicos y sociales muy elevados: costos fiscales elevados para el gobierno, altos costos de producción e incertidumbre para los consumidores industriales como resultado de las interrupciones en el servicio, altos costos para los consumidores industriales y residenciales por la generación pública y privada de energía, y creciente inestabilidad social, incluyendo el incremento en la tasa de delitos como consecuencia de los frecuentes apagones y los cortes en los servicios públicos básicos (por ejemplo, hospitales, clínicas y escuelas). Además, se desalentó la inversión doméstica e internacional, especialmente en sectores que dependen de un suministro confiable para sus actividades, aunque muchas instalaciones (como los complejos turísticos) cuentan con fuentes de energía propias.

En el 2002 el gobierno creó el Programa Nacional de Apoyo a la Eliminación del Fraude Eléctrico (PAEF) (decreto nº 748-02), cuyo principal objetivo es ayudar a las empresas de distribución en su esfuerzo por eliminar el fraude. Sin embargo, los resultados del PAEF hasta el momento han sido modestos. El avance más serio para combatir el fraude se realizó en 2007 con la modificación de la Ley de Electricidad. La ley nº 186-07, que modifica a la ley nº 125-01, convierte en delito el fraude eléctrico (es decir; conexiones ilegales, impago, etc.), penalizando con multas y/o condenas de prisión a quienes no la cumplan.

En 2006, a petición del Presidente Leonel Fernández, la CDEEE, la CNE y la SIE diseñaron un Plan Integral del Sector Eléctrico para el período 2006-2012. Este plan tiene como objetivo alcanzar la autosuficiencia del sector eléctrico en la República Dominicana. Los principales objetivos del plan son: lograr que el sector sea financieramente sostenible, reducir los precios de la electricidad para los consumidores finales y promover el uso eficiente de la energía. Para el mediano plazo recomienda la renegociación de los contratos con los generadores, la construcción de plantas a carbón, el desarrollo de planes de transmisión, el aumento de la capacidad hidroeléctrica, la promoción de fuentes de energía renovable, una revisión de los subsidios cruzados y el fortalecimiento de la Superintendencia de Electricidad (SIE).

Continue la segunda parte de este articulo: Un vistazo al sector electrico en RD 2da parte

Datos suministrados por 

1. CNE, CDEEE, SIE 2006-2012

Deficit de vivienda en Republica Dominicana: Insostenible

Para representar en datos el panorama general del déficit de viviendas en nuestro país tenemos que el déficit crece en 20,500 viviendas por año, para enfrentar esta realidad harían falta 296,000 millones lo cual sobrepasa el 65% del presupuesto. En tanto el sector de la construcción como el producto interno bruto (PIB) creció en un 6% en los últimos 20 años, lo que significa que si crece la construcción crece la economía. En el período comprendido entre 2000 y 2010 el sector construcción absorbió el 6.7 % del total de ocupados del país, llegando a su pico de 7.2% en 2006-2007. El PNUD establece que el ingreso de los trabajadores de la construcción en 2010 fue superior en un 17.2% con relación al promedio de todas las otras actividades. “Si se suma el número de puestos indirectos y el de los sectores que se motorizan con su crecimiento, el impacto sería aún mayor”. (PNUD)

El sector financiero sólo destina el 22.1% de su cartera de créditos para adquirir viviendas (13.6%) y para la construcción (8.5%). Los préstamos suelen ser para las familias de clase media y altas, ya que son las que gozan de historial crediticio y capacidad de pago. Los de menores ingresos, no tienen capacidad de ahorro y se endeudan en mercados informales a tasas altas y a plazos cortos, dificultándoseles acceder a una vivienda y a salir de la pobreza. Estos hogares necesitan contar con esquemas que les permitan ahorrar para su vivienda, que las mismas se les presenten en condiciones de tasas y plazos manejables y con programas de capacitación, para tomar decisiones financieras razonables y prudentes.

El déficit “cuantitativo” de viviendas en República Dominicana es de más de 900 mil unidades. Si se le suma el “cualitativo” que es de más de un millón de unidades, entonces la magnitud del déficit total, compuesto por la necesidad de nuevas viviendas y por las que son precarias, es de más de dos millones, estima el Observatorio de Derecho a la Ciudad, de Ciudad Alternativa. La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END) incluye objetivos que buscan atacar el déficit habitacional del país, y se supone que las formas y los medios deben incluirse en el Plan Plurianual del Sector Público (PNPSP).Las inversión pública proyectada para 2013 al 2016, en el PNPSP 2012, fue de 0.06% del PIB, lo que bajaría a 0.05% en 2016, de modo que el monto oscila entre 1,523.1 millones y 1,709.1 millones de pesos. Pero durante 2013, el Gobierno reportó la construcción de solo 1,160 viviendas, equivalente al 23% de la meta, que era de 4,950 unidades. Para el 2015 se tiene previsto construir 6,205 viviendas, y la reparación de otras 30 mil unidades. (ODC)

Además de que se comenzó a implementar la modalidad de fideicomiso inmobiliario con el sector privado, lo que para el 2016 permite proyectar que la construcción de viviendas por esa vía supere las que el Gobierno ejecuta de forma directa con fondos públicos. Sin embargo, el acceso a viviendas a través de los fideicomisos privados exige condiciones que muchos de los ciudadanos no pueden cumplir. Estas condiciones consisten en trabajar en mercado laboral formal, ganar un salario cuyo monto no sea inferior al de tres salarios mínimo cotizable, y que el potencial beneficiario tenga ahorrado el 10% del valor total de la vivienda. La mayoría de la población empobrecida no cumple estos criterios.

Cabe destacar que existe una gran dispersion institucional en cuanto a las instituciones que ejecutan y construye viviendas. En contraste, el gasto público en viviendas baja. En 2015, el presupuesto del INVI es de RD$374.4 millones, una tercera parte de lo que recibió en 2014. El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) es la entidad pública a través de la cual el Gobierno Central implementa su política de viviendas. Sin embargo, y contrario a lo estipulado en el PNPSP 2013-2016, “al menos a 7 instituciones”, a parte del INVI, se les asignaron fondos para construcción de viviendas. Son Obras Públicas, Consejo Interinstitucional para Coordinación Viviendas, Instituto de Auxilios y Viviendas, Ministerio de la Presidencia, Gabinete de Políticas Sociales, el OISOE y Medio Ambiente.

Mucho se ha hablado de la necesidad de establecer una política de viviendas que dé una solución definitiva al déficit que cada año crece como bola de nieve. En muchas oportunidades se ha escuchado la propuesta de crear un Ministerio de la Vivienda, en el que confluirían las entidades que hoy trabajan en el sector sin un plan aparente. Las miles de personas que habitan a orillas de los ríos Ozama e Isabela, en la capital; Yaque del Norte, en Santiago de los Caballeros; Higuamo, en San Pedro de Macorís; entre otros, son sólo algunas de las muestras de la falta de previsión del Estado.

Al cierre del año pasado, la Oficina de Desarrollo Humano, del Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD), estimó el déficit de viviendas en 1,096,000, de las cuales 447,000 son por requerimientos de nuevas unidades y 649,000 por mejoras. 

Desde el estado debe tomarse una política seria en invertir en construcción de viviendas, el ejecutivo sabe que la construcción motoriza la economía porque envuelve muchos sectores productivos en  este oficio, así como se ha implementado un plan para construir escuelas, así de serio debe tomarse un plan para disminuir el déficit de viviendas en el país. Cabe destacar y resaltar que el gobierno del actual presidente Danilo Medina ha iniciado una serie de proyectos de viviendas en los que resaltan La nueva Barquita y Ciudad Juan Bosch, pero esto no es suficiente debemos ir por mas, tal y como ha manifestado el Presidente Danilo Medina en su campaña reelecionista. Las cosas realizadas han sido buenas pero no suficientes, debemos ir por mas. 

El agua potable en la RD. Cobertura vs Calidad

La republica dominicana ha tenido un incremento significativo en cuanto a la cobertura y el abastecimiento de agua potable, decimos esto basandonos en algunas datos. La republica dominicana cuenta conun95% de cobertura de distribucion y un 78% de cobertura del alcantarillado. comparando estos valores con los valores promedios de america latina que son un 90% y un 72% respectivamente pues estamos por encima de la media, pero hasta ahi estamos bien, ahora es cuando la montaña empieza a bajar.

El acceso al agua potable segun las clases sociales es un tema que debemos de considerar. El nivel de acceso a los servicios para las familias pobres es más bajo: sólo el 56% de los hogares pobres cuentan con conexiones domiciliarias, en contraposición con el 80% de los hogares no pobres. Sólo el 20% de los hogares pobres cuenta con acceso a los servicios de alcantarillado, en comparación con el 50% de los no pobres.

La continuidad del servicio, Sólo el 10.5% de la población con conexión a los sistemas de agua, recibe un abastecimiento continuo del agua. esto quiere decir que el 95% del pais tiene cobertura de agua pero no de manera continua sino que puede ser, por ejemplo, que el agua llegue 1 o 2 veces por semana. y esto ciertamente no es una exageracion. 

Ya entrando en la parte comparativa, empezemos a hablar de la contaminacion. El agotamiento del agua subterránea y la eliminación no regulada de las aguas residuales y los desechos sólidos están creando problemas que pudieran llegar a ser irreversibles. Con frecuencia, las numerosas comunidades que surgen alrededor de las zonas urbanas, y los grandes hoteles, no cuentan con un sistema adecuado de saneamiento.

Empezando a hacer comparaciones y contraposiciones vemos  el tema -calidad- cuando hablamos de calidad  nos  referimos a dos tipos, calidad en el servicio y calidad del agua. empezando con la calidad en el servicio decimos que a pesar de los esfuerzos de descentralización y del constante apoyo del gobierno, la calidad y la continuidad de los servicios son inadecuadas en  nuestro pais. La escasez del agua va en aumento, principalmente a causa del excesivo consumo en las zonas urbanas, la falta de una gestión de la demanda (tarifas bajas, bajo porcentaje de micromedición, limitada sensibilidad en cuanto al medio ambiente), y la degradación de las cuencas de agua. Este último factor ocurre principalmente en las secciones más bajas de la mayoría de las cuencas costeras, y es el resultado de los asentamientos y las actividades informales y de la falta de servicios de saneamiento.

La calidad del agua tiene sus propias dificultades y es que son diversos los factores que afectan la calidad del agua potable en nuestro pais, incluyendo: la condición deficiente de los sistemas de purificación, los controles mínimos de operación, los bajos niveles de mantenimiento de las plantas de tratamiento y, principalmente, los sistemas intermitentes. El 38.4% de los sistemas de agua no cuentan con sistemas de cloración instalados. En las zonas rurales, dichos sistemas, en su mayoría, son sistemas pequeños. Contar con un sistema de cloración no garantiza que el agua esté, verdaderamente, desinfectada adecuadamente. De acuerdo con las cifras del año 2002 proporcionadas por los proveedores de servicios, sólo el 73.6% de las muestras de agua potable analizadas demostró tener una calidad satisfactoria (medida según la ausencia de coliformes totales), mientras que la norma internacional es 95%. Debe destacarse que la presencia de coliformes, en sí misma, no representa un peligro para la salud, pero su presencia sí es un indicador de la presencia potencial de agentes patógenos.

Poniendo en contraste estas informaciones podemos decir que ciertamente el empuje tanto a nivel de inversion como a nivel de discucion politica, sobre el sector agua en nuestro pais debe girar en torno a la calidad, tanto del servicio como del agua, no es hacer acueductos para tener algo que inaugurar  sino que debemos de concentrar esfuerzos en que el agua que estamos llevando a los hogares sea de buena calidad, con acceso continuo y con un eficiente servicio. El problema del sector es igual al problema de la mayoria de los sectores, la calidad, pero de la inversion. 

TRANSPORTE PUBLICO EN RD

La forma mas fácil de solucionar los problemas del tráfico en las ciudades es mejorar la infraestructura vial, crear mejores formas de transporte público y estimular su uso. El problema en nuestro país al igual que en américa latina es que los gobiernos alrededor del mundo al parecer son muy ineficientes en manejar este asunto tan importante para la cotidianidad del ciudadano.

Mas allá del aspecto político, también hay que tomar en cuenta que la construcción de nuevas avenidas y autopistas es costosa, pero también hay otro detalle, invertir mas recursos en construir estas nuevas avenidas y calles, nos convierte en una cultura “auto-céntrica” estimulando mas el uso del automóvil. Y debemos preguntarnos ¿es esto realmente lo que queremos? o ¿es esto realmente sostenible?

Aquí el transporte público es caótico, ineficiente y poco regulado. no existe un verdadero control, cualquier persona normal hace lo posible por evitar montarse en una “voladora” o en un "carrito". No solo las unidades de transporte se encuentran en un estado patético, su distribución a través de la ciudad cuando mas parece aleatoria, dejando a áreas de la ciudad casi aisladas a ciertas horas, si no que también tenemos el problema de la inseguridad. Una realidad que el gobierno al parecer es incapaz de resolver de ningún modo.

Algo muy sencillo que los gobiernos deberían entender, es que si no quieren o no pueden invertir en nuevos y mejores caminos, entonces deberían invertir en estimular el uso de transportes públicos. ¿Cómo? Con mas y mejores unidades, vehículos que sean agradables de utilizar, que al pensar en utilizar el automóvil o el transporte público, la alternativa tenga al menos una posibilidad de competir.

Cuando empezó la discusión sobre la nueva ley de transito en el 2013 muchos criticaban sobre el interés del CONEP de adueñarse de rutas pero este era un parecer propio de los sindicatos de transporte, que mas que sindicatos son empresas normales, lo cual nos da una idea de que el sector es muy lucrativo, y realmente lo es, mueve alrededor de 18 mil millones de pesos al año. lo que podría interesar a los empresarios claro esta. 

Pero hay que poner las cosas en una balanza, nadie quiere subirse a un vehículo sucio, atestado de gente, que se detiene cada 5 minutos, y que por ende va a tardar una eternidad en llegar a mi destino. En cambio si el autobús estuviese en buenas condiciones, tuviese capacidad para que todos sus pasajeros viajaran cómodamente y tuviese una serie de paradas bien estipuladas que lo llevasen de un punto a otro de la ciudad a una buena velocidad, quizá entonces el transporte público sería una alternativa. Pero incluso algo tan sencillo como eso al parecer resulta difícil de de alcanzar para nuestros gobiernos.

La estructura de poder que concentran los sindicatos del transporte solo se debilita con una decisión política del gobierno de eficientizar el transporte, ellos saben y tienen expertos y asesores que conocen desde años la solución a estos problemas, el metro, por ejemplo, es un gasto necesario, es una inversión con sentido. transporta una gran cantidad de pasajeros de un punto a otro de una manera rápida y eficaz. La OMSA, estos autobuses públicos deberían ser mayores unidades y diferentes modelos, mas rutas. ¿Por que no? Apoyados en el modelo que sugiere el Conep, el estado debe hacerse garante de un sistema de transporte publico decente. 

El problema de transporte en RD es un problema político, de toma de decisiones , en el momento que el estado decida, las soluciones están ahí, las instituciones están ahí y los problemas tienen hasta nombre y apellido. es un problema de ser, no de estar.