Justamente hoy, jueves 21 de abril sale en el periódico la asociación dominicana de industrias eléctricas desmintiendo la declaración de la CDEEE de que el problema de los apagones venia por presiones políticas de los generadores para la renovación de contratos millonarios, puesto que tanto el acuerdo de Madrid como otros contratos millonarios de generación de energía vencen dentro de poco tiempo, así que no seria algo tan ilógico pensar el planteamiento al que se refiere el VP de la CDEEE. pero esto ya es la actualidad y para poder por lo menos entender un poco este problema que nos aqueja a los dominicanos desde hace años debemos de ver el sector desde unos años atrás.
Antes de la reforma de los 90, el sector energético dominicano se encontraba en manos de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), propiedad del estado y verticalmente integrada. Las operaciones de la empresa se caracterizaron por grandes pérdidas de energía, bajo cobro de boletas y funcionamiento y mantenimiento deficientes.(algo que no ha cambiado mucho), Durante los 90, el rápido crecimiento del sector energético reflejó en el gran crecimiento económico que experimentó el país. La demanda total de electricidad se elevó a una tasa anual del 7,5% en el período 1992-2001, mientras que el crecimiento del PIB fue del 5,9%. La capacidad de generación no era suficiente para cubrir la demanda en los picos, lo que derivó en constantes restricciones del suministro y apagones masivos de hasta 20 horas. A mediados de los 90, para solucionar la escasez en la capacidad de generación, el gobierno animó a varios productores de energía independientes a firmar contratos de compra de energía con la CDE. Estos contratos, a menudo interesados y poco transparentes, dieron lugar a unos altos precios para la electricidad. En el período 1998-1999, bajo el primer gobierno de Leonel Fernández, el sector se desagregó y el monopolio público verticalmente integrado de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) fue disuelto en una serie de compañías de generación. Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina) y EGE Itabo, que operaban las plantas térmicas, fueron privatizadas; también se crearon y privatizaron tres compañías de distribución: EdeNorte (Empresa Distribuidora de Electricidad), EdeSur y EdeEste.
No se promulgó un marco regulador integral hasta julio de 2001, cuando se aprobó la Ley de Electricidad (ley nº 125-01) bajo el gobierno de Hipólito Mejía. Bajo esta ley, la presencia operativa del gobierno en el sector se haría a través de tres entidades: la corporación de servicios públicos antiguamente integrada CDE, que mantuvo los contratos con los productores de energía independientes (IPP), una empresa de transmisión, Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), y una empresa de generación hidroeléctrica, Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).
Se estableció un nuevo conglomerado de empresas, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas (CDEE), para que asumiera la propiedad de ETED y EGEHID, y para que finalmente sustituyera a la CDE. Inicialmente, el gobierno pensó en transferir sus activos para administrar las empresas como una inversión bajo un fondo en fideicomiso independiente de las entidades reguladoras del sector, en lugar de usar su titularidad como instrumento potencial para las políticas del sector. Sin embargo, este cambio no se realizó. La Ley de 2001 y sus normas complementarias de 2002 incluyeron la creación de una agencia reguladora autónoma, la Superintendencia de Electricidad (SIE). También se creó la Comisión Nacional de Energía (CNE) y un mercado mayorista bajo la responsabilidad de un Organismo Coordinador.
La reforma favoreció la instalación de nuevas plantas generadoras, construidas y financiadas por el sector privado, y la inversión en distribución a cargo de las empresas privatizadas. Gracias a las nuevas inversiones, entre fines de 2000 y mediados de 2003, la capacidad efectiva experimentó un aumento del 43%; también se registraron mejoras en la red de distribución. Esto condujo a la reducción provisional de los apagones y las pérdidas en distribución, y a un incremento en la eficacia operativa; una combinación que se tradujo en mejoras en la calidad del servicio. El suministro de energía no atendido disminuyó al 11% de la demanda potencial en 2002, por debajo del 40% de 1991. En el mismo período, se estima que el déficit de capacidad para afrontar abiertamente la demanda cayó del 30% al 16%. Sin embargo, el aumento en el precio del petróleo, la aparición de subsidios generalizados y las interferencias políticas afectaron negativamente a la salud financiera del sector. En 2003, estas condiciones desfavorables y una fuerte presión política llevaron al gobierno a volver a adquirir las acciones de Unión Fenosa en las empresas de distribución privatizadas EdeNorte y EdeSur. Desde su renacionalización, estas empresas han experimentado un deterioro en su eficacia operativa.
El Programa de Reducción de Apagones (PRA) fue establecido por el gobierno en 2001. Inicialmente diseñado para que durara dos años, se ha ido ampliando para suplir la ausencia de una alternativa para resolver los temas tratados por este programa. Este programa tiene como objetivo la asignación de subsidios a los pobres según la distribución geográfica y la realización de apagones rotativos de forma más organizada. Los barrios más pobres de las ciudades tendrían un suministro de electricidad de aproximadamente 20 horas por día a un precio altamente subsidiado por el gobierno y por la empresa de servicios públicos. Al principio, el PRA fue considerado un éxito. Sin embargo, la crisis macroeconómica del país, los incentivos perversos que incorpora el PRA y la deficiente asignación del esquema de subsidios han puesto en riesgo la continuidad del programa a mediano plazo. La ausencia de una administración de la demanda, la falta de sistemas de medición del consumo. las pérdidas constantes, una cultura de impago y la ausencia de incentivos para que las empresas de distribución solucionen los problemas técnicos hacen que sea urgente diseñar un nuevo sistema de subsidios y racionamiento como parte de un enfoque más amplio para solucionar los problemas del sector energético.
El sector eléctrico ha permanecido en una crisis sostenida desde 2002, caracterizada por pérdidas muy elevadas (tanto técnicas como comerciales) y apagones frecuentes de larga duración. Esta situación derivó en costos económicos y sociales muy elevados: costos fiscales elevados para el gobierno, altos costos de producción e incertidumbre para los consumidores industriales como resultado de las interrupciones en el servicio, altos costos para los consumidores industriales y residenciales por la generación pública y privada de energía, y creciente inestabilidad social, incluyendo el incremento en la tasa de delitos como consecuencia de los frecuentes apagones y los cortes en los servicios públicos básicos (por ejemplo, hospitales, clínicas y escuelas). Además, se desalentó la inversión doméstica e internacional, especialmente en sectores que dependen de un suministro confiable para sus actividades, aunque muchas instalaciones (como los complejos turísticos) cuentan con fuentes de energía propias.
En el 2002 el gobierno creó el Programa Nacional de Apoyo a la Eliminación del Fraude Eléctrico (PAEF) (decreto nº 748-02), cuyo principal objetivo es ayudar a las empresas de distribución en su esfuerzo por eliminar el fraude. Sin embargo, los resultados del PAEF hasta el momento han sido modestos. El avance más serio para combatir el fraude se realizó en 2007 con la modificación de la Ley de Electricidad. La ley nº 186-07, que modifica a la ley nº 125-01, convierte en delito el fraude eléctrico (es decir; conexiones ilegales, impago, etc.), penalizando con multas y/o condenas de prisión a quienes no la cumplan.
En 2006, a petición del Presidente Leonel Fernández, la CDEEE, la CNE y la SIE diseñaron un Plan Integral del Sector Eléctrico para el período 2006-2012. Este plan tiene como objetivo alcanzar la autosuficiencia del sector eléctrico en la República Dominicana. Los principales objetivos del plan son: lograr que el sector sea financieramente sostenible, reducir los precios de la electricidad para los consumidores finales y promover el uso eficiente de la energía. Para el mediano plazo recomienda la renegociación de los contratos con los generadores, la construcción de plantas a carbón, el desarrollo de planes de transmisión, el aumento de la capacidad hidroeléctrica, la promoción de fuentes de energía renovable, una revisión de los subsidios cruzados y el fortalecimiento de la Superintendencia de Electricidad (SIE).
Continue la segunda parte de este articulo: Un vistazo al sector electrico en RD 2da parte
Datos suministrados por
- CNE, CDEEE, SIE 2006-2012
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